En 2021, el Congreso aprobó una ley para aumentar la transparencia con respecto a las personas que controlan organizaciones y entidades corporativas (la Ley de Transparencia Corporativa o “CTA”). A partir del 1 de enero de 2024, según una nueva regla de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (“FinCEN”), las entidades, incluidas las entidades exentas de impuestos, deben revelar información relacionada con la propia entidad Y con sus directores y funcionarios. Históricamente, la FinCEN trabajó para combatir el lavado de dinero, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo. La regla cubre corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y todas las entidades creadas bajo la ley estatal (por ejemplo, aquellas que se presentan ante la Comisión de Corporaciones del Estado de Virginia, la División de Corporaciones de DC o el SDAT de Maryland). La información requerida a nivel de entidad es el nombre legal (y el nombre comercial), las direcciones relevantes, el estado de constitución/organización y el EIN federal. El Informe también debe incluir información similar para cada “beneficiario real” individual. La definición de “beneficiario real” es muy amplia y se puede considerar que incluye a todos los funcionarios y directores de una entidad, incluidas las entidades exentas de impuestos. Específicamente, un individuo que, directa o indirectamente, ejerce control sustancial sobre la entidad, o posee o controla no menos del 25 por ciento de las participaciones en la propiedad de la entidad. El “control sustancial” según la regulación incluye desempeñarse como funcionario superior (por ejemplo, presidente, director financiero,